El exfuncionario del Consejo de Seguridad, Julio Palacios, quien trabajó en la sección de inteligencia (2010-2017) describió una serie de irregularidades ocurridas en la entidad a partir de julio de 2014, momentos en que el presidente Juan Carlos Varela asumió el poder. Sus declaraciones evidencian coacciones, presiones, hostigamientos, entre otros tratos, dirigidos al personal de inteligencia, que llegaron al extremo en que uno de sus miembros estuvo a punto de quitarse la vida presuntamente debido a las presiones ejercidas contra el personal.
Palacios volvió al estrado después de haber sido parte de los testigos de la fiscalía. Entró, y lo primero que dejó plasmado en su declaración es que acudió a decir su verdad. Una verdad que no pretende complacer a ninguna de las partes, ni a la defensa o la fiscalía, pero que sí busca dejar un precedente para que se conozca lo que se le hizo a los funcionarios del Consejo de Seguridad en julio de 2014.
Un hecho ‘que no debe volver a pasar nunca en este país', declaró con voz tajante y firme.
No obstante, para la fiscalía el testigo de la defensa resultó positivo pues sostuvo lo dicho en la Fiscalía Auxiliar y la Corte Suprema de Justicia al rendir declaración cuando se realizaban las investigaciones del caso. Señaló que los hechos cuestionados por la defensa no guardan relación con las fechas que involucra la investigación sobre pinchazos.
Vásquez manifestó que Palacios admitió que existían fuertes rumores de que en el edificio 150 se realizaban interceptaciones. ‘Se le preguntó dónde se encontraba la sala técnica de escuchas lícitas, y señaló que en el edificio 88. Se le preguntó si existía una sala de escuchas en el 150, y respondió que no, porque no le constaba'.
Agregó que el correo brad.pty507@gmail.com ha sido reconocido por las víctimas. "Nadie ha señalado que niega cualquier tipo de prueba de las que se han dado. ¿Qué pasó después de 2014? La defensa debe centrarse en los años de la investigación", zanjó Vásquez.
En 2010, después de superar varios exámenes que se exigen al personal que labora en el Consejo de Seguridad, Julio Palacios logró un nombramiento en la división de inteligencia. Laboró en esta entidad hasta el 2017, momento en que tuvo que presentar su renuncia por las presiones que caían sobre él por parte de los jefes, Rolando López y Jacinto Gómez.
Si bien es cierto que los hechos que narra Palacios no guardan relación con el tiempo de la pesquisa, es el tercer testigo de la defensa que denuncia presiones, malos tratos, abusos, y hostigamiento contra el personal de inteligencia del Consejo que se rehusaron a hablar a sus jefes sobre asuntos que les eran desconocidos, es decir, los pinchazos y seguimientos a políticos.
Palacios describió, y confirmó lo que había dicho un día antes en la misma silla, ante el Tribunal, su compañera Betsaida Quintero. ‘A Betsaida la mandaron donde no había nadie. Era como la peste porque no podía estar cerca de nadie'.
Enseguida manifestó: los hombres lloran pero las lágrimas no necesariamente son una muestra de debilidad. Hay mucho sentimiento de impotencia. Así se refirió a la forma en que su compañera fue aislada por tres meses en un edificio, que la despojaron de funciones, y que no hacía absolutamente nada toda la jornada laboral.
A continuación indicó que en el relevo de mando, en 2014, se hicieron cosas en el Consejo de Seguridad que hasta ahora desconoce la población.
Ejemplificó que mandaron a llamar a la mujer de Rony Rodríguez, uno de los acusados por la fiscalía de hacer los pinchazos ilegales, y la sentaron en una silla y la interrogaron por horas.
Esta situación, reflexionó Palacios, se desvincula de la esencia para la que fue creada la institución en 1989: velar por la democracia del país y colectar inteligencia que contrarreste cualquier riesgo contra la vida del presidente o desequilibre la paz social del país.
Responsabilizó de los malos tratos ejercidos contra el personal, a la administración que recién dejó el poder a cargo de Rolando López como secretario del Consejo, Jacinto Gómez, como subsecretario, los oficiales Daniel Arroyo, jefe de inteligencia y Edgar Tion, quien lo relevó en el cargo de inteligencia, entre otros.
Recordó que a finales de julio de 2014, el entonces presidente Juan Carlos Varela se acercó al Consejo de Seguridad, y junto a López y Gómez interrogaron a varios de sus compañeros, incluyéndolo a él.
Su versión contrasta con la de López, quien cuando acudió como testigo de la querella a rendir declaración, dijo que ese día se encontraba incapacitado, y negó haber interrogado a los funcionarios.
Las preguntas, continuó Palacios, giraban en torno a la pérdida de un equipo, a las funciones que hacían el testigo protegido, William Pittí y Rony Rodríguez en la planta alta del edificio 150, donde supuestamente se llevaban a cabo las interceptaciones telefónicas ilegales.
Le preguntaron si trabajaba en el edificio 150, a lo que respondió positivamente. Luego le cuestionaron si trasladó bienes de ese edificio, a lo que reiteró que sí. El problema empezó cuando le preguntaron qué hacían los tres funcionarios antes mencionados en ese edificio. Palacios dijo que no podía saber eso, porque nadie podía entrar a ese lugar. Entonces le amenazaron con someterlo a un polígrafo. Al terminar la declaración solicitó una copia de su declaración y se retiró.
Cuando volvió al trabajo lo enviaron de vacaciones por 100 días sin haber solicitado el tiempo. Una vez se reincorporó lo asignaron a la garita de seguridad. ‘Un hombre que cuenta con 50 capacitaciones para investigar el lavado de dinero y el terrorismo, era más eficiente abriendo y cerrando baúles', se lamentó Palacios. ‘Muchos de los que están en esta sala no aguantan ni un día de lo que nosotros pasamos, intentaron quebrarme el espíritu', añadió.
A William Pittí lo ubicaron en la garita del Consejo de Seguridad, después de un tiempo no lo vio más, no supo de él. Su paradero es desconocido y la fiscalía lo considera un prófugo de la justicia por ser autor material de los pinchazos.
El Consejo de Seguridad fue desmantelado del personal civil que fue reemplazado por oficiales de la Policía Nacional, describió testigo.
Después recordó una escena trágica que ocurrió con su compañero, alias Mikol. ‘Se iba a suicidar, se iba a pegar un tiro, le tuvieron que quitar el arma', recordó el exfuncionario del Consejo de Seguridad que actualmente labora en la Unidad de Análisis Financiero.
Se desahogó con el Tribunal. Explicó con detalles cómo ocurrían los interrogatorios. ‘Nos sentaban en una silla ocho horas esperando, en la antesala del Consejo y pasaban las horas. A las 4 de la tarde me decían que regresara al día siguiente', reseñó. Lo mismo ocurrió con la compañera sentimental de uno de los miembros de la sección de inteligencia. Acababa de tener un hijo y la tuvieron sentada por 15 días y no la atendieron.
Enseguida dijo que había efectuado una mudanza a finales de mayo de 2014 del mobiliario y equipo informático del edificio 150 a la 'casita', otra instalación de la entidad, y que solo quedaron cables en el edificio principal.
Al finalizar la audiencia los medios cuestionaron al fiscal Ricaurte Vásquez si las declaraciones vertidas durante la audiencia merecían una investigación de oficio por parte de la fiscalía, a lo que respondió: Lo que yo entendería es, ¿los hechos constituyen delitos o faltas administrativas?. A juicio del fiscal no se incurrió en abuso de autoridad.
Acerca de los hechos narrados y la posibilidad de que empañen la teoría del caso de la fiscalía, Vásquez manifestó que ‘los señalamientos debe valorarlos el tribunal, cada uno viene a decir su verdad, depende de la personalidad y de las condiciones en que se dieron es como sintieron las presiones'.